


| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PP | 124.251 | 50,73% | 129.811 | 52,46% | PP |
| PSOE | 97.127 | 39,66% | 104.564 | 42,26% | PSOE |
| UPyD | 7.974 | 3,26% | 6.291 | 2,54% | IU |
| IU | 4.902 | 2,00% | 864 | 0,35% | LV-GV |
| LV-GVE | 823 | 0,34% | 825 | 0,33% | P.CANNABIS |
| FN | 773 | 0,32% | 555 | 0,22% | CNC-EdP |
| LV | 656 | 0,27% | 496 | 0,20% | GALEUSCA |
| IZAN-RG | 626 | 0,26% | 227 | 0,09% | C.D.S. |
| PACMA | 503 | 0,21% | 209 | 0,08% | CE |
| II | 495 | 0,20% | 187 | 0,08% | PASOC |
| CEU | 344 | 0,14% | 161 | 0,07% | CC-CPE |
| PCPE | 271 | 0,11% | 154 | 0,06% | FE de las JONS |
| PUM+J | 266 | 0,11% | 135 | 0,05% | POSI |
| AES | 264 | 0,11% | 125 | 0,05% | PUM+J |
| LIBERTAS | 246 | 0,10% | 91 | 0,04% | LOS PARADOS |
| FE de las JONS | 223 | 0,09% | 90 | 0,04% | N.I.V. |
| SAIn | 203 | 0,08% | 76 | 0,03% | PH |
| RC | 202 | 0,08% | 72 | 0,03% | DN |
| CDS | 186 | 0,08% | 70 | 0,03% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| iF | 166 | 0,07% | 61 | 0,02% | PFyV |
| POSI | 127 | 0,05% | 54 | 0,02% | ARALAR |
| PFyV | 98 | 0,04% | 46 | 0,02% | PADE |
| DN | 94 | 0,04% | 44 | 0,02% | FE |
| PH | 87 | 0,04% | 33 | 0,01% | FA |
| FA | 72 | 0,03% | 31 | 0,01% | CL |
| MSR | 60 | 0,02% | 31 | 0,01% | PC |
| EXTREMADURA UNIDA | 55 | 0,02% | 22 | 0,01% | CUP |
| PSA | 54 | 0,02% | 21 | 0,01% | NOS-UP |
| CDL | 51 | 0,02% | 20 | 0,01% | PREPAL |
| PREPAL | 47 | 0,02% | 19 | 0,01% | UCL |
| UNA | 46 | 0,02% | 17 | 0,01% | EC |
| UCE | 33 | 0,01% | |||
| UCL | 30 | 0,01% | |||
| AA | 24 | 0,01% | |||
| UV | 21 | 0,01% | |||
El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció ayer en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el palacio de La Moncloa la regularización de la situación de las víctimas de los atentados perpetrados en Madrid, y de sus familias, que pudieran encontrarse de forma irregular en España por su condición de inmigrantes. Aznar, anunció que ha dado instrucciones a Interior para que, con carácter extraordinario, “se proceda a la regularización de la situación de las víctimas, y sus familias, que pudieran encontrarse en situación irregular por su condición de inmigrantes”.
El Consejo de Ministros, añadió el presidente del Gobierno, ha acordado conceder, a solicitud de los afectados, la nacionalidad española por carta de naturaleza para las víctimas y familiares de otras nacionalidades. “Que nadie tenga sensación de desamparo; ningún factor añadido debe agravar las consecuencias del atentado”, dijo Aznar antes de realizar este anuncio.
Por otro lado, SOS Racismo consideró “indignante” y “oportunista” el anuncio del presidente del Gobierno. La portavoz de la entidad en Cataluña, Nuria Vives, denunció que Aznar “se aproveche” de la situación y tome una decisión “de cara a la galería” y “a tres días de las elecciones”, tras preguntarse “si el millón de personas sin papeles que hay en España tendrán que sufrir un atentado para que se les regularice”.
Vives calificó de “caritativa” la decisión del Gobierno cuando “ha hecho una Ley que condena la inmigración y ha negado la regularización de muchos extranjeros”.
Igualmente, Iberia ha ofrecido al Gobierno español la repatriación gratuita de los extranjeros fallecidos en los atentados perpetrados ayer en Madrid a los países de origen adonde vuela la compañía. Asimismo, Iberia trasladará de forma gratuita a familiares directos de los fallecidos.
Un futuro mejor
Numerosos colombianos que viajaron a España en busca de un empleo o mejores condiciones de vida revivieron el jueves en Madrid el horror de la violencia que ha azotado al país andino por el conflicto interno. Dos colombianos perdieron la vida en uno de los días más trágicos que ha vivido España.
La muerte de Gloria Inés Bedoya y Jhon Jairo Ramírez Bedoya fue confirmada ayer por la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, mientras los noticiarios trasmitían declaraciones de personas angustiadas por la situación de sus familiares heridos. “Mi esposo se fue como todo el mundo a conseguir un mejor futuro para los niños, porque aquí con el sueldo que él ganaba, no podíamos sobrevivir”, dijo Jazmín Mora, esposa de Edison Ramírez, de 33 años, quien permanece internado en el Hospital 12 de Octubre.
Un buen hijo
El relato de Jazmín era casi similar al de Evelia Bedoya, madre de Jhon Jairo, quien se encuentra en la lista de fallecidos. “El no conseguía trabajo aquí en España y entonces se fue y allá consiguió trabajo, y consiguió papeles y todo”, relató la señora Bedoya. Con una tristeza inocultable, recordó que su hijo pagaba muchos de sus gastos y estaba siempre pendiente de ella. “Me ayudaba mucho, él era un buen hijo”, agregó. Al referirse al ataque, sólo atinó a calificar de “cobardes” a los autores.
El Partido Popular invita a los inmigrantes latinos a votarles el 7 de junio 29-05-09
En el acto, celebrado ayer en el Centro Cultural Oporto de Carabanchel, participaron el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; el viceconsejero de Inmigración y Cooperación de Madrid, Gabriel Fernández Rojas; la delegada de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concha Dancausa; el concejal-presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo; el diputado nacional por Madrid, Gabriel Elorriaga; y el diputado de la Asamblea de Madrid y senador, Luis Peral.
En su intervención, Fernández-Lasquetty dijo que la llegada masiva de inmigrantes a España coincidió con el gobierno de José María Aznar, en medio de un periodo de un crecimiento económico que fue aprovechado por el "talento y el esfuerzo" del colectivo inmigrante .
Asimismo, invitó a los presentes a expresar su opinión en las urnas sobre la situación actual que vive España.
"Madrid es más latina ahora y eso es una cosa muy buena", destacó Fernández-Lasquetty, al tiempo de enfatizar que desde el PP se trabaja a favor de la cohesión y que era responsable de la creación de la primera consejería de inmigración de España.
Al final de las exposiciones, se abrió una sesión abierta de preguntas y participación de los presentes.
PSOE
El gobierno español completa la regularización masiva 2005-20-05
Una de las estrategias es el reforzamiento de un fondo paraintegrar a los inmigrantes
La presencia de Mayor Oreja en un encuentro con el PNV es insólita desde que el PP formó Gobierno en mayo de 1996. En las últimas ocasiones le ha sustituido el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ante el rechazo que el ministro del Interior provoca en el PNV por su política penitenciaria. Ha sido Aznar quien ha impuesto la presencia de Mayor Oreja en esta reunión al ser la pacificación uno de los aspectos que se abordará en el encuentro.Sin embargo, no se esperan avances en esta materia. Mayor Oreja acude a la cita con la tesis de que es ETA y el entorno de la banda armada quien debe dar pasos y no el Gobierno en matena de pacificación. Mientras no haya una tregua continuada de ETA o las incipientes divisiones en su entorno político no lleguen a las prisiones, el Gobierno continuará la política individualizada de presos.
El PNV, sin embargo, pretende que el Ejecutivo haga algún gesto con el argumento de que hay movimientos de disidencia en el entorno político de ETA, además de disponer de la reserva de un mandato del Parlamento vasco sobre la agilización del acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas.
Todo apunta que este elemento diferencial siga siendo una de las principales banderas del enfrentamiento entre el PNV y PP en el País Vasco, y que incluso se agravará en los próximos meses con la cercanía de las elecciones autonómicas vascas que se celebrarán en otoño, según prevén fuentes de ambas formaciones. La ruptura del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, donde PNV y PP estaban coligados hasta el mes de diciembre, fue el primer aviso de una beligerancia que aumentará hasta las elecciones.
No obstante, al PNV no le interesa llevar sus fuertes discrepancias con el PP vasco al terreno nacional, a la colaboración parlamentaria con el Gobierno de Aznar. El Ejecutivo confía, en esta línea, en disponer del apoyo parlamentario del PNV para los Presupuestos de 1999. Aznar pretende contar con la participación de este partido y de CiU en las tareas de reforma que acarreará la entrada de España en la, unión monetaria el próximo mayo, y que se abordará de manera amplia en la reunión.
Ardanza ya ha conseguido una parte importante de los compromisos que pactó con el PP en abril de 1996: renovación del Concierto Económico y cupos vascos y el reconocimiento legal de la devolución del patrimonio incautado a su partido tras la guerra civil.
Ahora se le abre otro campo de colaboración al Gobierno y PNV en materia de desarrollo autonómico, con la cesión de la titularidad de las autopistas al País Vasco y un nuevo paquete de traspasos que próximamente consagrará la Comisión Mixta de Transferencias.
Pero también en esta materia queda abierto otro flanco, el traspaso de políticas pasivas del Inem, reclamación simbólica del Gobierno vasco que servirá también al PNV como reivindicación en la etapa preelectoral.
El Tripartito gobernará Cataluña
Este nuevo Tripartito se hará con procedimientos diferentes a los anteriores y a partir de hoy se empezarán a concretar las características.
Posiblemente José Montilla será el nuevo presidente y Josep Lluís Carod-Rovira el vice-presidente del nuevo gobierno Catalán, aunque Saura también reclama la vice-presidencia. Con esta nueva oportunidad se aplicaran políticas serenas, constructivas y estables que beneficien a los ciudadanos de Cataluña, según Carod-Rovira.
También ha explicado, que se ha reunido con los candidatos de las otras fuerzas (Artur Mas, José Montilla y Joan Saura), y ha podido constatar que ninguno de los otros tres partidos tiene un horizonte nacional que no vaya más allá del simple despliegue del nuevo Estatut.
Un informe de EE.UU. manifiesta el esfuerzo de las autoridades españolas por frenar el tráfico de drogas pero deja en evidencia el consumo de la población.
España no sólo es el mayor punto de entrada a Europa de la cocaína procedente de Latinoamérica, sino que también se ha convertido en el mayor consumidor de drogas de diseño, de cocaína y de hachís de toda la Unión Europea.
Así consta en un informe publicado hoy por el Departamento de Estado denominado «Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos», que analiza la colaboración de otros países en la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico.
El informe deja de manifiesto el enorme esfuerzo que están haciendo las autoridades españolas por frenar el tráfico de drogas, lo que permitió, por ejemplo, que en noviembre pasado se incautara una cantidad casi récord de cocaína.
Sin embargo, deja en evidencia el alto consumo de esta droga entre la población española, de la que el 3 por ciento, dice, la toma de manera regular.
Ello hace que uno de cada cinco europeos que consume cocaína viva en España, y que el 50 por ciento de los nuevos pacientes admitidos en centros de rehabilitación españoles sean adictos a esta droga.
Pero además de la cocaína, el informe denuncia que España es también el mayor consumidor de drogas de diseño y de hachís de la Unión Europea, droga ésta última que procede de los países vecinos del Magreb, como Marruecos y Argelia.
«El tráfico marítimo de hachís en el Mediterráneo es un negocio a gran escala», dice el informe.
Además, España se ha consolidado como la principal puerta de entrada a Europa de la cocaína sudamericana y el hachís de Marruecos, y además se ha convertido en el punto por donde regresan a Latinoamericana los ingresos procedentes de esta actividad.
«Colombia parece que es el mayor suministrador de cocaína, aunque otras informaciones disponibles sugieren que se está produciendo un incremento en los envíos de cocaína desde Bolivia, vía barco o avión, con escala en Venezuela o Argentina», asegura el informe.
Destaca asimismo, en cualquier caso, los esfuerzos que está realizando el gobierno español, que ha convertido el tráfico de drogas en una de sus máximas preocupaciones y que «mantiene unas excelentes relaciones con Estados Unidos».
El informe relata los operativos que han desarrollado la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios de aduanas y las fuerzas policiales autonómicas para frenar el narcotráfico.
Estas operaciones han llevado en los últimos meses a numerosas detenciones de distribuidores de drogas sintéticas, como el LSD y éxtasis, reconoce el informe.
España, entre los países que más consumen cocaína y éxtasis 25-04-2005
España es uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más cocaína, éxtasis y cannabis se consumió en el último año, según el último informe 2005 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), que se ha presentado en Lisboa.
El documento, que analiza las tendencias generales del uso de estupefacientes en la UE, destaca que la cocaína "se está convirtiendo en la droga estimulante preferida" de los jóvenes europeos, especialmente en España y Reino Unido, donde más del 4% de los adultos jóvenes (15-34 años) la consumió en los últimos doce meses.
El Observatorio estima que entre tres y tres millones y medio de personas probaron esa droga durante el último año y que aproximadamente un millón y medio son consumidores habituales.
"En España y Reino Unido los incrementos más destacados se produjeron antes de 2001, aunque los datos más recientes revelan una posible estabilización de esa tendencia", indica el documento.
Además, según el informe, el porcentaje más elevado de pacientes que solicitan tratamiento por consumo de cocaína corresponde a Holanda (38%) y España (26%).
Más éxtasis
Por otro lado, los resultados de las encuestas "continúan demostrando una tendencia creciente del uso del éxtasis y las anfetaminas entre los adultos jóvenes en la mayoría de los países de la UE".
Las cifras más elevadas de consumo reciente de éxtasis entre adultos jóvenes corresponden a Reino Unido (6,9%), la República Checa (5,9%), España (3,8%) y Estonia (3,7%).
Según el Observatorio Europeo de Drogas cerca de 2,6 millones de personas (0,8% de todos los adultos) consumieron éxtasis o anfetaminas recientemente.
En cuanto al cannabis, los niveles de consumo reciente entre adultos jóvenes se sitúan en el 22,1% en la República Checa, el 19,7% en Francia, el 19,5% en Reino Unido y el 17,3% en España.
El informe indica que aproximadamente 20 millones de europeos lo consumieron en el último año (más del 6% de todos los adultos) y que unos nueve millones y medio (casi el 4% de todos los adultos) son consumidores habituales.
El alcalde de Nàquera ha explicado a 20minutos.es que el Ayuntamiento también va a sustituir otros nombres de calles franquistas, en concreto las vías General Mola, Queipo de Llano o Plaza del Caudillo, "por otros nombres que deben proponer los vecinos y así nos ajustaremos a la ley de la Memoria Histórica ".
La elección de Barack Obama se debe, según Arnal, a que "es el presidente de la primera potencia del mundo y un signo que representa la multiculturalidad, la lucha contra el racismo, y la esperanza". De hecho, el consistorio de Nàquera ya se ha puesto en contacto con la embajada norteamericana para hacerles llegar esta decisión.
Una vez vaya al pleno y se apruebe, incluso es probable que por unanimidad de todos los grupos municipales (PP, PSPV-PSOE, IVIN y Unió Valenciana), el cambio del nombre de la calle José Antonio por Barack Obama se haría efectivo a mediados de enero, según el alcalde.
En el mismo lugar se erigirá más adelante un monolito que recuerde al general, oriundo y benefactor de la localidad, pero sin connotaciones políticas ni militares, como exige la ley.
La destrucción parcial de la estatua originó el año pasado un desencuentro entre los herederos del general franquista y el consistorio de la ciudad. La Fundación Yagüe pretendía que se restaurara la escultura e incluso se ofreció a correr con los gastos, pero la alcaldía dilató su decisión y optó al final por su retirada definitiva.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento habían certificado que el monumento vulneraba la ley, ya que el general aparecía al frente de un conjunto escultórico cargado de una "evidente" simbología franquista y una estética propia de la dictadura.
María Eugenia Yagüe, hija del general y presidenta de la fundación que lleva su nombre, presentó ayer una denuncia contra el alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira, en el cuartel de la Guardia Civil, por lo que a su entender es el derribo ilegal del monumento. "Cuando se planteó la idea de retirar la escultura, le entregamos al alcalde un informe jurídico que determinó que el monumento no vulneraba la ley", recuerda Yagüe. "No nos escuchó y ha derruido el monumento unilateralmente; ha sido un gesto vil y rastrero", acusó la heredera del militar, que pide la dimisión del regidor.
Yagüe acusa a Elvira de "prevaricación" y de "aprovechar" el destrozo del monumento. "En la alcaldía se han servido de los vándalos para librarse del recuerdo de mi padre", aseguró. No contenta con la denuncia, Yagüe hizo llegar ayer al Partido Popular de Soria, del que es militante, una reclamación para que se suspenda de militancia al alcalde, también del PP. "Espero que le abran un expediente informativo y que le obliguen a dimitir", pidió Yagüe. Y añadió entre risas: "Van a por todas; lo próximo que hagan será desterrarme".
PSOELa Ley de Memoria Histórica, que pretende dignificar a quienes lucharon contra el franquismo y compensar a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura, superó este lunes su último obstáculo parlamentario y recibió la ratificación final del Senado. El polémico proyecto, que entrará en vigor de inmediato tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, nace gracias al respaldo de PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria, PSC, ICV y el Grupo Mixto. Sólo rechazaron la ley el PP y ERC.
El proyecto recibió el respaldo del Senado sin que sus miembros modificaran una coma del texto acordado por los grupos en el Congreso. En la tribuna, saludaron su aprobación una veintena de descendientes de exiliados y huidos de la guerra civil, que gracias a esta ley podrán acceder 70 años después a la nacionalidad española.
En la redacción del texto destaca la condena tibia del anterior régimen incluida en la exposición de motivos, que señala que el texto "asume la condena del franquismo" aprobada en el Congreso el 20 de noviembre de 2002 y la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006.
La norma establece "la ilegitimidad de los tribunales jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos" que en la guerra civil impusieron condenas "por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa". Son, por tanto, "ilegítimas" las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas y órganos represivos especiales tales como el antiguo Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP).
La norma también amplía las ayudas para los descendientes de los fusilados y para quienes sufrieron "heridas, enfermedad o lesión accidental como consecuencia de la guerra". El Estado facilitará, además, la búsqueda y recuperación de los restos de los fusilados que estén en paradero desconocido y el acceso a los archivos existentes sobre este período. A tal fin, elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones públicas.
La retirada de los escudos, estatuas, símbolos, placas y objetos exaltadores de la sublevación militar o de sus protagonistas queda a cargo de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, que podrán alegar en determinados casos razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas que justifiquen su conservación. El memorial más representativo del franquismo, el Valle de los Caídos, se regirá por las normas de los lugares de culto y cementerios públicos, por lo que en el recinto no podrán celebrarse actos 'ultras' como los habituales cada 20-N, aniversario de la muerte del dictador.
La portavoz del PSOE, Lentxu Rubial, justificó la aprobación de esta norma por considerar que es "necesaria" y "no engaña a nadie". "Sólo nos mueve el ansia por restablecer la Justicia que nunca debió ser profanada", recalcó.
PP:
Los casos de 'Ladrillazo' en las listas del PP 18-06-08Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.
La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:
EN ALICANTE:
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN BALEARES:
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
EN BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN CANARIAS:
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
EN GRANADA:
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN MADRID:
Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
EN MÁLAGA:
Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.
Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.
EN MURCIA:
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
PONTEVEDRA:
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
EN LA RIOJA:
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.EN SALAMANCA:
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.
El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.
Consulta los casos del IU, PP ey otros partidos. La lista negra del PSOE, a continuación:
EN A CORUÑA:
Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.
El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.
EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.EN ALICANTE:
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
EN ALMERÍA
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.
EN ÁVILA:
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
EN HUELVA:
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.
EN MADRID:
Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.
EN MÁLAGA:
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.
EN MURCIA:
Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.
EN SEVILLA:
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.
Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.
EN VALENCIA:
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.
EN VALLADOLID:
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.