31 de mayo de 2009

Memoria histérica

PP

Náquera cambiará el nombre de la calle José Antonio Primo de Rivera por Barack Obama 27-11-2008

El Ayuntamiento de Nàquera (Valencia) ha decidido eliminar el nombre de la avenida dedicada al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y dedicársela al presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama. La iniciativa, que debe ir al pleno, ha sido presentada por el equipo de gobierno que lidera Ricardo Arnal, del PP. La calles General Mola, Queipo de Llano y Plaza del Caudillo también serán sustituidas

El alcalde de Nàquera ha explicado a 20minutos.es que el Ayuntamiento también va a sustituir otros nombres de calles franquistas, en concreto las vías General Mola, Queipo de Llano o Plaza del Caudillo, "por otros nombres que deben proponer los vecinos y así nos ajustaremos a la ley de la Memoria Histórica ".

La elección de Barack Obama se debe, según Arnal, a que "es el presidente de la primera potencia del mundo y un signo que representa la multiculturalidad, la lucha contra el racismo, y la esperanza". De hecho, el consistorio de Nàquera ya se ha puesto en contacto con la embajada norteamericana para hacerles llegar esta decisión.

Una vez vaya al pleno y se apruebe, incluso es probable que por unanimidad de todos los grupos municipales (PP, PSPV-PSOE, IVIN y Unió Valenciana), el cambio del nombre de la calle José Antonio por Barack Obama se haría efectivo a mediados de enero, según el alcalde.

El PP enfada a la hija del general Yagüe 16-05-2009

San Leonardo de Yagüe (Soria) amaneció ayer sin el monumento que rendía tributo al general franquista cuyo apellido da nombre a la localidad. El alcalde del municipio soriano, Jesús Elvira (del PP), ordenó el jueves ejecutar la demolición del conjunto escultórico de piedra que rendía homenaje a Juan Yagüe, con la intención de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica. La decisión de retirar el monumento se tomó después de que el 12 de octubre de 2008 la figura del militar apareciera decapitada como consecuencia de un acto vandálico.

En el mismo lugar se erigirá más adelante un monolito que recuerde al general, oriundo y benefactor de la localidad, pero sin connotaciones políticas ni militares, como exige la ley.

Más adelante se erigirá un monolito sin connotaciones políticas en el lugar

La destrucción parcial de la estatua originó el año pasado un desencuentro entre los herederos del general franquista y el consistorio de la ciudad. La Fundación Yagüe pretendía que se restaurara la escultura e incluso se ofreció a correr con los gastos, pero la alcaldía dilató su decisión y optó al final por su retirada definitiva.

Los servicios jurídicos del ayuntamiento habían certificado que el monumento vulneraba la ley, ya que el general aparecía al frente de un conjunto escultórico cargado de una "evidente" simbología franquista y una estética propia de la dictadura.

María Eugenia Yagüe, hija del general y presidenta de la fundación que lleva su nombre, presentó ayer una denuncia contra el alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira, en el cuartel de la Guardia Civil, por lo que a su entender es el derribo ilegal del monumento. "Cuando se planteó la idea de retirar la escultura, le entregamos al alcalde un informe jurídico que determinó que el monumento no vulneraba la ley", recuerda Yagüe. "No nos escuchó y ha derruido el monumento unilateralmente; ha sido un gesto vil y rastrero", acusó la heredera del militar, que pide la dimisión del regidor.

La escultura estaba decapitada desde hacía meses por un acto vandálico

Yagüe acusa a Elvira de "prevaricación" y de "aprovechar" el destrozo del monumento. "En la alcaldía se han servido de los vándalos para librarse del recuerdo de mi padre", aseguró. No contenta con la denuncia, Yagüe hizo llegar ayer al Partido Popular de Soria, del que es militante, una reclamación para que se suspenda de militancia al alcalde, también del PP. "Espero que le abran un expediente informativo y que le obliguen a dimitir", pidió Yagüe. Y añadió entre risas: "Van a por todas; lo próximo que hagan será desterrarme".

PSOE

La Cortes aprueban definitivamente la Ley de Memoria Histórica 10-12-07
Descendientes de exiliados y huidos de la guerra civil saludaron la norma, que les permitirá acceder a la nacionalidad española

La Ley de Memoria Histórica, que pretende dignificar a quienes lucharon contra el franquismo y compensar a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura, superó este lunes su último obstáculo parlamentario y recibió la ratificación final del Senado. El polémico proyecto, que entrará en vigor de inmediato tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, nace gracias al respaldo de PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria, PSC, ICV y el Grupo Mixto. Sólo rechazaron la ley el PP y ERC.

El proyecto recibió el respaldo del Senado sin que sus miembros modificaran una coma del texto acordado por los grupos en el Congreso. En la tribuna, saludaron su aprobación una veintena de descendientes de exiliados y huidos de la guerra civil, que gracias a esta ley podrán acceder 70 años después a la nacionalidad española.

En la redacción del texto destaca la condena tibia del anterior régimen incluida en la exposición de motivos, que señala que el texto "asume la condena del franquismo" aprobada en el Congreso el 20 de noviembre de 2002 y la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006.

La norma establece "la ilegitimidad de los tribunales jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos" que en la guerra civil impusieron condenas "por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa". Son, por tanto, "ilegítimas" las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas y órganos represivos especiales tales como el antiguo Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP).

La norma también amplía las ayudas para los descendientes de los fusilados y para quienes sufrieron "heridas, enfermedad o lesión accidental como consecuencia de la guerra". El Estado facilitará, además, la búsqueda y recuperación de los restos de los fusilados que estén en paradero desconocido y el acceso a los archivos existentes sobre este período. A tal fin, elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones públicas.

La retirada de los escudos, estatuas, símbolos, placas y objetos exaltadores de la sublevación militar o de sus protagonistas queda a cargo de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, que podrán alegar en determinados casos razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas que justifiquen su conservación. El memorial más representativo del franquismo, el Valle de los Caídos, se regirá por las normas de los lugares de culto y cementerios públicos, por lo que en el recinto no podrán celebrarse actos 'ultras' como los habituales cada 20-N, aniversario de la muerte del dictador.

La portavoz del PSOE, Lentxu Rubial, justificó la aprobación de esta norma por considerar que es "necesaria" y "no engaña a nadie". "Sólo nos mueve el ansia por restablecer la Justicia que nunca debió ser profanada", recalcó.

29 de mayo de 2009

Corrupción urbanística

PP:

Los casos de 'Ladrillazo' en las listas del PP 18-06-08

Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.

La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.

Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:


EN ALICANTE:

Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.


EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.


EN MADRID:

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.

Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.


Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.


Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MÁLAGA:

Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.


Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.


EN MURCIA:

Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.


Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.


San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

  • Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

EN SALAMANCA:

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.


Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.


-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.


-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.


-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.


Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.


PSOE

Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas 18-06-08

Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.

El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.

Consulta los casos del IU, PP ey otros partidos. La lista negra del PSOE, a continuación:


EN A CORUÑA:

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:

Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:


Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.


EN MADRID:

Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.


En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor

EN SEVILLA:

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.

Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

26 de mayo de 2009

Dependencia de la banca

Los partidos obtienen el 70% de sus recursos de la banca 16-04-09

Las formaciones declararon recursos por valor de 66,6 millones de euros en las pasadas elecciones generales. De ellos, 44,6 millones corresponden a créditos bancarios.

Siete de cada diez euros que gestionan los partidos políticos son deuda. Es decir, el 67% de los recursos de los que disponen. Las formaciones declararon fondos por un valor total de 66,6 millones de euros, de los que 44,6 millones corresponden a créditos bancarios, según un informe del Tribunal de Cuentas aprobado el pasado 26 de marzo y en el que se fiscalizan las cuentas de los partidos que se presentaron a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008.

El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la mayoría de las formaciones ha cumplido con las obligaciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sólo Nafarroa Bai ha superado el límite máximo de gastos. El resto de las formaciones políticas se ha quedado por debajo.

Los partidos que tienen un mayor endeudamiento son las dos mayoritarios, PSOE y PP, que son, a su vez, los que cuentan con un mayor volumen de recursos. Su situación financiera contrasta, por ejemplo, con la del PNV, que no tiene deuda contraída con los bancos. Los populares deben 16,9 millones de euros, de los 22,5 a los que ascienden sus recursos. Mientras que los socialistas adeudan 14,2 millones, frente a los 19 millones a los que asciende el volumen total de fondos.

Sólo dos partidos aseguran haber percibido aportaciones privadas, UPyD –que financia las campañas electorales con bonos, debido a la dificultad que tiene para acceder a los créditos bancarios– e IU. La ley obliga a declarar cualquier donativo que supere los 6.000 euros. Los de menos cuantía no tienen que ser hechos públicos.

En total, los partidos gastaron 67,7 millones de euros, según lo dispuesto en el informe, de los que 41,6 millones corresponden a operaciones ordinarias –gastos ocasionados por la campaña electoral: desplazamientos y actos políticos, entre otros–, y 26,1 millones, a la actividad de envío de propaganda electoral.

Para sufragar estos gastos, que están subvencionados, los partidos tienen que adelantar la mayor parte del dinero y endeudarse, ya que la Administración entrega casi todos los fondos a posteriori, una vez que se han celebrado las elecciones y teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En las elecciones de 2008, los anticipos electorales ascendieron a 15,7 millones de euros, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas.

Los consejeros de la institución señalan, en relación con la tesorería electoral, que todas las formaciones han cumplido con las normas legales que establece la LOREG. Las irregularidades detectadas son menores y están relacionadas con pagos fuera de plazo o la forma en la que se abonaron determinados gastos electorales. “No obstante, las cantidades afectadas no representan en todos los casos un porcentaje relevante sobre el conjunto de los ingresos y gastos electorales declarados”, asegura el informe.

Los partidos están obligados a presentar ante esta institución un documento de ingresos y gastos justificados después de cada cita electoral. La función del Tribunal de Cuentas es velar por el cumplimiento de la LOREG y denunciar cualquier irregularidad cometida por las formaciones políticas. El documento ha sido remitido a los partidos para que formulen las alegaciones y presenten los documentos que consideren pertinentes.

Las cifras
PP
Los recursos del principal partido de la oposición ascienden a 22,5 millones, de los cuales 16,9 son deuda. El gasto de los populares rozó el límite, ya que alcanzó los 15,5 millones de los 16,5 de los que podía disponer. Dedicó 8 millones al envío de propaganda electoral.

PSOE
Los fondos de la formación en el Gobierno alcanzan los 19 millones de euros y su deuda supera los 14 millones. Los socialistas también se quedaron a un millón del límite del gasto, 13 millones frente a los 14 permitidos,y destinaron 6,2 millones al envío de propaganda.

IU
Los recursos de Izquierda Unida son cuatro veces inferiores a los del PP y tres a los del PSOE. Pero, pese a ello, su endeudamiento casi asciende a la mitad de los fondos.

23 de mayo de 2009

Desnacionalizaciones

PP:


PSOE:


JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO
MADRID. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, llamó el pasado lunes «liberales de pacotilla» al PP por criticar la posible entrada de Lukoil en Repsol YPF y recalcó que cuando el Gobierno de José María Aznar privatizó la empresa española «podía haber hecho lo que hicieron otros gobiernos europeos, que era mantener una cierta participación pública».
En una rueda de prensa posterior a la comisión ejecutiva federal del PSOE, Blanco dijo que «deberían estos liberales de pacotilla ser consecuentes con las reglas del libre mercado» e insistió en que Repsol YPF es hoy una empresa «100% privada porque así lo quiso el Gobierno del PP», que la privatizó «sin salvaguardas ni cautelas» aunque pertenecía a un sector estratégico.
«Acción de oro»
Blanco debe ser uno de los pocos españoles que no recuerda que el primer Gobierno de Aznar sólo privatizó el último 10% que estaba en manos del Estado y que la petrolera ha mantenido una «acción de oro» hasta hace poco tiempo, justo cuando la Comisión Europea prohibió esas medidas en toda la Unión Europea.
Repsol nació en 1987 como consecuencia de la reestructuración del sector petrolero español. Su único accionista era el INH (Instituto Nacional de Hidrocarburos). Dos años después, se puso un 26,4% de su capital en el mercado a través de una oferta pública de venta de acciones(opv), mientras que el BBV adquiría un 4,2% y la mexicana Pemex otro 2,9%.
Entre 1992 y 1994 se privatizó el 26,1% de la petrolera a través de canjes de bonos por acciones y otra opv. Precisamente, con esa oferta pública sobre el 13,3% del capital la compañía dejó de ser pública, ya que sólo continuaba en manos del Estado el 41,1% de las acciones.
En 1995 se lanzó una opv por el 19,4% del capital de Repsol y al año siguiente otra oferta pública sobre el 11%, por lo que sólo quedaba un 10% en poder de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Este paquete es el único que privatizó el primer Gobierno de José María Aznar, en la primavera de 1997, que generó unos ingresos al Estado de 1.064 millones de euros. Los sucesivos procesos de privatización de Repsol YPF entre 1989 y 1997 han aportado al Estado español unos 5.230 millones de euros.

20 de mayo de 2009

Aborto


PP

Once eurodiputados del PP votan a favor del aborto y la eutanasia 22-01-09

Los parlamentarios votaron a favor de reconocerlos como derechos fundamentales, frente a siete que se opusieron.

El Partido Popular no parece tener una postura clara y unitaria en temas como el aborto, la eutanasia, los matrimonios entre homosexuales o el consumo de drogas, tal y como demostró la semana pasada en la votación de una nueva resolución del Parlamento Europeo sobre derechos fundamentales. De los 24 parlamentarios españoles del Grupo del Partido Popular Europeo, sólo siete votaron en contra de un texto que defiende valores como la interrupción voluntaria del embarazo o la unión legal de personas del mismo sexo, dos «derechos» que el PP en España ha recurrido -o ha anunciado que lo hará en el caso del aborto- ante el Tribunal Constitucional.

El pasado miércoles 14 de enero, los parlamentarios votaron en Estrasburgo una resolución «sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008». Como era previsible, los representantes españoles de otros partidos políticos, como PSOE, IU o CiU, votaron a favor de considerar derechos fundamentales el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y el consumo de drogas.

Lo que resultó una sorpresa fue que también apoyaran la medida la mayoría de los europarlamentarios del PP: Aleix Vidal-Quadras, Carmen Fraga, Salvador Garriga, Íñigo Méndez de Vigo, Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Fernando Fernández Martín, José Manuel García Margallo y Mafil, Juan Andrés Naranjo Escobar, Daniel Varela y Salvador Domingo Sanz. En contra de la resolución tan sólo se manifestaron siete eurodiputados populares: Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, José Javier Pomés, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Luis Herrero-Tejedor y Carlos Iturgáiz. Libertad de voto Iturgáiz explicó ayer que el grupo determinó «libertad de voto» en esta resolución y que «cada uno con su conciencia votó lo que creía», argumentó.
De hecho, Iturgáiz confirmó que hubo algunos miembros que se abstuvieron, si bien el político no precisó cuántos -aunque como máximo fueron los seis restantes-. Según ha podido saber este periódico, fue Jaime Mayor Oreja el que solicitó que se adoptara la postura de libertad de voto, tras constatar que la posición mayoritaria de la delegación española se decantaba -de manera sorpresiva- a favor de la resolución. Mayor Oreja, vicepresidente del Partido Popular Europeo y cabeza más visible de la delegación española, manifestó a sus colegas que en ningún caso votaría a favor de una resolución con semejante contenido, por lo que, tras informarse acerca de cual sería las posturas de otras delegaciones -como Alemania o Italia, que votaron en contra-presionó a sus compañeros para que de la posición «voto a favor» se pasara a «libertad de voto», de manera que algunos europarlamentarios -finalmente siete-pudieran oponerse al texto.

Este periódico intentó ponerse en contacto con todos los eurodiputados populares que votaron a favor para conocer sus motivos, pero no logró respuesta alguna, pese a dejar recado a ocho de ellos -los otros tres, directamente no respondieron al teléfono-.
Sólo el despacho de Pilar del Castillo devolvió la llamada para decir que la eurodiputada no haría declaraciones sobre el tema. Los pasajes más polémicos del texto que ha escindido a los populares en la Eurocámara están en los artículos 60, 71, 75, 150 y 167 y se refieren al aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales y el consumo de drogas.
El apoyo de este gran número de europarlamentarios populares sorprende por la posición que el Partido Popular mantiene sobre estos controvertidos temas en España. Cabe recordar que el grupo político que lidera Mariano Rajoy ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo y piensa volver a hacerlo si la anunciada ley de plazos del aborto sale adelante en el Congreso.

Reacciones Altas fuentes del Partido Popular en Madrid confirmaron anoche que la posición del partido sigue siendo en contra de considerar el aborto, la eutanasia o el matrimonio gay como derechos fundamentales y reconocieron que «el PP español no ha sido consultado sobre esta votación de la Eurocámara», de hecho, confirmaron «que no sabían que se estaba llevando a cabo».


PSOE

El PSOE abre el aborto sin consentimiento paterno para las niñas de 16 años 13-02-09

El Grupo Socialista presentó ayer sus conclusiones de la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la reforma del aborto. Lo más llamativo es que abrió esta práctica, sin el consentimiento de sus padres, a las niñas con más de 16 años. Exactamente propone que se reconozca «al menor la capacidad para decidir autónomamente a partir de los 16 años y se establece que el menor deberá ser oído cuando sea mayor de 12 años».

En el documento que hizo público apuesta, como era previsible, por el aborto libre hasta una semana dada. Sin embargo, asombró a todos al no incluir en sus recomendaciones el tope de semanas. Se limita en su escrito a señalar su apoyo a un modelo «en el que corresponda a las mujeres embarazadas la decisión sobre el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo, eufemismo utilizado oficialmente para referirse al aborto) en un plazo determinado».
Los periodistas presentes en la intervención realizaron a la portavoz socialista, Carmen Montón, de mil formas distintas la misma pregunta: «¿Hasta qué semana se podrá entonces abortar?». Otras tantas veces Montón se aferró a la misma coletilla: «Creemos que corresponde al Gobierno fijar los plazos para la interrupción del embarazo». Acorralada se lanzó a ofrecer una pista que sonó a broma: «Lo normal es que el Gobierno se fije en las legislaciones europeas de su entorno». «¿Y cuál es la media de semanas en Europa?», le inquirieron. «Pues varía desde la semana 10 a la 24»... Así que, después de escuchar a 30 expertos, de mes y medio de trabajos y reuniones y de otros dos meses utilizados para elaborar las conclusiones, el producto final es un escrito repleto de vaguedades.


Propone también que se pueda abortar fuera del plazo en ciertos supuestos, pero no aclara hasta cuándo
Otra de las cuestiones que no quedaron claras es la referente a las indicaciones que permitirían abortar pasado el plazo legal de aborto libre. Al respecto, señaló que serían varios los «supuestos o indicaciones en los que la IVE (no pronunció Montón ni una sola vez la palabra aborto) podría practicarse durante un periodo mayor al plazo general». De nuevo un interrogatorio intensivo de la prensa no permitió conocer ni las indicaciones más que de una forma muy general : «Deberían tener en cuenta, al menos, los supuestos en que exista grave peligro para la vida o salud de la embarazada, se detecten graves anomalías físicas o psíquicas del feto o malformaciones o enfermedades graves en el mismo incompatibles con la vida». Por supuesto, tampoco aclaró hasta qué semana se podría abortar en tales supuestos.
Lo curioso es que hace un par de meses, el 19 de diciembre, cuando se clausuró la subcomisión parlamentaria, la misma Montón, al realizar un resumen de las comparecencias de los expertos, no tuvo inconveniente en vaticinar que la futura ley de plazos se situaría «en torno a las 14 semanas que es la media en la Unión Europea» y que para los supuestos especiales que permitirían abortar fuera del plazo legal «habría que tener en cuenta el diagnóstico prenatal de más de 22 semanas».

12 de mayo de 2009

Elecciones Europeas, bota PP-PSOE

Queda ya menos de un mes para las elecciones europeas y, como sabemos que uno de los peores defectos del pueblo español es su facilidad para olvidar las trastadas que les han hecho los partidos políticos que más influencia tienen en nuestra sociedad (PP-PSOE) y hay muchos que, pese a que están convencidos de no volver a caer en su trama, ante un el último discurso facilón (Que vuelven a salir los rojos!!#Que nos van a gobernar los que pactaron con Bush y nos metieron en la guerra!!...) vuelven a dar de comer a los mismos que llevan 30 años traicionandoles, en este último mes intentaremos refrescar la memoria y rememorar algunas perrerías que nos ha hecho el partido único corrupto (PP-PSOE).

Además, creemos cada vez más necesaria una voz social y nacional en las instituciones, una voz que denuncie sin ambages la problemática inmigratoria y supere de una vez por todas el historicismo y la farándula que ha lastrado nuestro entorno durante tantos años y ha sido ya defenestrado tanto por los medios de comunicación, como (y esto es peor) por su nula capacidad de innovar y adaptarse a los tiempos, por lo tanto apoyaremos a alguna de las opciones que han sabido quitarse de encima estas rémoras y se han dado cuenta que para hacer política es necesario saber jugar con las reglas que nos marca el juego democrático. Aquí os dejamos las candidaturas que se presentan en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 7 de Junio.

7 de mayo de 2009

Cuando Arkansas era tierra española, bajo la cruz de San Andrés


Usted oye “Arkansas” y lo que le viene a la cabeza es una película del far west. Pero hay que saber que Arkansas fue, después de india, española y francesa, y que los casacas blancas españoles hicieron ondear en aquellas tierras la bandera con la cruz de San Andrés durante una buena porción del siglo XVIII. En aquella aventura española de Arkansas hay un nombre destacado: el capitán Baltasar de Villiers, que se instaló con su familia en lo que entonces no era más que un puesto avanzado en medio de la nada. No sólo defendió aquel puesto contra los ingleses, sino que, llegada la guerra de la independencia norteamericana, cruzó el Misisipi y tomó posesión de aquellos territorios. Brava gente.

Baltasar de Villiers, se llamaba. No, no es el vendeano de ascendencia aristocrática y líder del Movimiento Por Francia (MPF), de derecha nacional. Aunque nos es desconocido si quizá existe algún lejano vínculo de parentesco en su árbol genealógico.

Hubo una época, hace no tanto, doscientos y pico años, en que la cuenca del Misisipi estaba en manos españolas. La Paz de París de 1763 liquidó la presencia francesa en Norteamérica a favor de Inglaterra. España, como aliada de Francia, recibía de ésta Nueva Orleáns y la extensa Luisiana en compensación por la pérdida de la Florida. El Misisipi definía así el límite entre los dominios, hispanos al Oeste y británicos al Este. Acababa así una larga guerra que sirvió de marco histórico para la ambientación de la famosa novela de James F. Cooper, El último mohicano. Y así, las casacas blancas del Rey de España estaban presentes en el corazón de las grandes llanuras de lo que hoy es USA, con la Cruz de Borgoña ondeando en dispersos y remotos fuertes, en los puestos esparcidos por el territorio y a lo largo del curso del río.

El puesto de Arkansas fue el primer establecimiento europeo en el actual estado, en la desembocadura del Arkansas con el Misisipi. Uno de esos puestos distantes y apartados, cabecera de un extenso distrito poblado por tribus seminómadas, muy lejos de Nueva Orleáns y comunicado
por vía fluvial. En 1775 comienza la revolución americana. El puesto Arkansas tendría su papel en el conflicto, como punto de paso para mantener abiertas las líneas de suministro a los revolucionarios americanos.

Un tipo con iniciativa

En el verano de 1776, fallece el comandante del puesto, Orieta, y el gobernador de La Luisiana, Luis de Unzaga, designa como relevo al capitán Baltasar de Villiers. Este oficial había llegado a Luisiana en 1749 y al transferirse su administración a manos españolas pasó a prestar sus servicios a la Corona de España. Llegó con su familia al puesto Arkansas en septiembre 1776, encontrándose una pequeña y desolada comunidad hispano-francesa y una guarnición de 16 soldados pobremente equipados. Reorganizó y acometió notables trabajos de mejora en el puesto. Atendiendo a combatir el contrabando y la presencia de cazadores británicos, que por entonces dominaban la orilla oriental del Misisipi y se infiltraban en los territorios españoles, realizó varias incursiones contra los británicos con la ayuda de indios aliados.

En junio de 1779 España declaraba la guerra a Inglaterra en apoyo de Francia y los colonos americanos, ocasión propicia para resarcirse. El joven y audaz gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, desataba en la parte baja del río Misisipi el tan esperado y preparado ataque contra los dominios británicos de la margen opuesta, con el ansia de recuperar La Florida y expulsarlos de sus posiciones en el norte del golfo de México.

Cuando llegaron las noticias de la guerra al puesto de Arkansas, Gálvez ya había capturado buena parte de los puestos enemigos en el bajo Misisipi: Natchez, Manchak, Baton Rouge, y preparaba el asalto contra Mobila (Mobile) y Pensacola, capital de la Florida Occidental británica. De Villiers cruza el Misisipi con un destacamento, desembarca en la estación británica de Concordia, el 22 de Noviembre de 1780 y formalmente “toma posesión de la ribera izquierda del río Misisipi opuesta al de Arkansas, Blanco y San Francisco, hasta donde llegan los límites de la guarnición de Natchez, como dependencias y jurisdicciones de este puesto” (actual estado de Mississipi).

Sin concluir la guerra, De Villiers falleció en Nueva Orleáns el 19 de junio de 1782 sometido a una operación quirúrgica. No tuvo la oportunidad de participar en la exitosa defensa de su puesto contra el ataque de una fuerza de realistas e indios chicasas pro-británicos dirigida por James Colbert el 16 abril 1783. La única acción de la guerra de independencia americana desarrollada en el suelo de Arkansas.

Nota: Este episodio histórico sólo es un botón de la apasionante y desconocida singladura de la presencia española en el corazón de los EE.UU. Porque el origen del mítico y cinematográfico Lejano Oeste ya se escribía en español mucho antes del general Custer, el Poney Express o los Winchester.

El Bígaro

1 de mayo de 2009

La Compagnia dell´Anello - Anche se tutti... noi no!



Letra traducida:

Todavía recuerdo la estancia donde te conocí

No había mucha gente frecuentando aquel sitio

Escribías en aquel muro estabas muy ocupado

Eran palabras extrañas pero claro el significado

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!


Quizás fuese el despecho de un muchacho enfadado

Pero tras veinte años yo no lo he olvidado

Porque sabes, ciertas emociones especialmente si son sinceras

Las conservas en la mente y las conviertes en banderas

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!


Cambian las cosas señores gira la rueda del tiempo

Pero mi vieja canción aún se alza en el viento

Estamos dejando de lado para conseguir el poder

Nuestra antigua fe y las causas más justas

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!


Nos han dicho muchachos alguien se ha equivocado

Ahora todo cambia ¡Viva el libre mercado!

Pero hay algo que no encaja en este razonamiento

Algo que no perdona algo que flota en el viento

Serán las voces de muchos que ya nos han dejado

No parece se hayan marchado gritando ¡Viva el libre mercado!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!

Aunque sean todos... nosotros no!



Letra original:

Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto

non eravamo poi molti a frequentare quel buco

Stavi scrivendo sul muro tutto indaffarato

delle parole strane ma dal chiaro significato

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato

ma io vent’anni dopo non l’ho ancora dimenticato

perché sai, certe emozioni specialmente se sincere

le conservi nella mente e diventano bandiere

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Cambian le facce signori gira la ruota del tempo

ma la mia vecchia canzone si alza ancora nel vento

Stiamo buttando alle ortiche per inseguire il potere

la nostra fede più antica e le ragioni più vere

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Ci hanno detto ragazzi qualcuno si era sbagliato

adesso tutto cambia viva il libero mercato,

ma c’è qualcosa che stona in questo ragionamento

qualcosa che non perdona qualcosa che resta nel vento

saran le voci di molti che ci hanno già lasciato,

e non mi pare che siano morti gridando: "viva il libero mercato!"

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!

Anche se tutti... noi no!